Las relaciones entre feminismo e Iglesia en América Latina desde finales del siglo XX

Por Cayetano Gil Gracia, estudiante de Historia en la Universidad de Salamanca.

C. Parker Gumicio establecía, en un artículo de 2005, en torno a un 85% de cristianos de América Latina a principios del siglo XXI con una tendencia al decrecimiento y explicaba que se debía a diversos cambios producidos en el continente a lo largo de las últimas décadas, como el aumento de la educación, la entrada de internet, la mayor libertad de prensa y opinión, los valores nuevos de la sociedad de consumo, etc. En este artículo no se tratarán tanto las causas de esta evolución como su impacto en la vida política de los movimientos feministas. Éstos, desde los años 80-90, en el periodo denominado post-dictatorial para una gran parte de los países latinoamericanos, en las renovadas democracias, han ido aumentando su presencia en las agendas políticas de todos los países. De esta forma, procederemos a examinar las relaciones de poder entre la institución eclesiásticas y el feminismo, las dificultades surgidas y los problemas a los que se pueden llegar a enfrentar los movimientos feministas, así como la influencia que estos puedan ejercer de vuelta sobre el catolicismo, si bien no se verá, aunque sería interesante, la postura de aquellos credos en auge, como los evangélicos, acerca de estos temas.

Sin embargo, como han señalado autores como Julieta Lemaitre Ripoll, la influencia, o directamente injerencia, de la Iglesia en asuntos de competencia también del feminismo, tales como derechos de ciudadanía y, especialmente, derechos sexuales, ha sido la misma o más a la habida hace tres décadas. Quizás antes su labor estuviese más a la sombra gracias al marcado anti-feminismo de las dictaduras y regímenes autoritarios, pero ahora que el debate democrático y público de los asuntos del Estado es posible y visible, la Iglesia se ha revelado como un actor más del juego. Esta intervención es, sin ninguna duda, contraproducente para el avance en materia de derechos civiles de las mujeres. En determinados casos, ha sido un obstáculo inamovible para la obtención del derecho al aborto, tan perseguido por el feminismo en la última década. Como indica Molyneux, desde finales del siglo XX, los estados y la Iglesia Católica se han mostrado poco dispuestos a renunciar a su poder sobre el cuerpo femenino. Se ha avanzado poco en el tema de sus derechos reproductivos, que no han sido reconocidos como tales en las leyes orgánicas en varios países en los que el aborto es todavía ilegal o está fuertemente restringido, sujeto a sanciones penales, con la excepción, a día de hoy, de Cuba, Uruguay o algunos estados mexicanos, por poner unos ejemplos, a la vez que la Iglesia todavía condena el uso de anticonceptivos. En los años 90, incluso también el divorcio seguía estando sujeto a restricciones, siendo ilegal en Chile.

Esto es una de las principales razones, por tanto, de la confrontación cuasi total con la institución eclesiástica de los movimientos feministas. Tal y como explica Parker Gumicio, la presencia creciente de los nuevos movimientos indígenas, junto a las reivindicaciones de derechos para la mujer y las minorías étnicas (afroamericanos, inmigrantes) y sexuales (homosexuales, lesbianas) –que una cultura ambiente mucho más abierta estas últimas dos décadas ha ido legitimando– son un constante desafío a la ortodoxia católica. Para el tema del aborto, caso paradigmático de este conflicto, a pesar del apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, quizás debido por su menor creencia en el dogma cristiano, pero también por el aumento de los niveles de educación y otros factores, el catolicismo de políticos y legisladores ha obstaculizado hasta ahora un tratamiento racional del problema. Pese a que desde principios del siglo XX varios países modernizaron sus códigos penales, permitiendo el aborto terapéutico para salvar la vida y el aborto compasivo o ético en caso de violación, Marta Lamas nos muestra que el Vaticano y los EEUU, aliados en una “campaña a favor de la vida”, han logrado hacer retroceder legislaciones y detener varios procesos liberalizadores. Un caso escandaloso, por ejemplo, es el de El Salvador, donde estaba permitido en caso de violación, riesgo para la salud o malformaciones, pero, en 1997, por la presión del Vaticano y con la participación activa de grupos católicos de derecha, los diputados de los partidos políticos ARENA y Partido Demócrata Cristiano (PDC) votaron una derogación de las excepciones al aborto del Código Penal, aumentaron las sanciones e introdujeron el delito de “inducción o ayuda al aborto”. Tanto ella como Molyneux coinciden en que, además de la presión de la Iglesia Católica, problemático es también la falta de participación de las mujeres en el ámbito político, o, si se prefiere, de su menor participación, a pesar a veces incluso de las leyes de paridad o de mínimo cupo, siendo óbice para obtener las reformas requeridas. No es porque a las mujeres no les interese entrar al juego, sino porque las dificultades sociales y económicas heredadas de su tradicional reclusión al hogar y la crianza persisten. Los avances en educación son indudables, pero en entornos rurales mantienen estructuras de desigualdad; la brecha salarial entre hombres/mujeres es evidente; a la mujer se le sigue pidiendo que sea madre antes de los 25, que se case y que se ocupe de tareas domésticas; por último, las mentalidades cambian lentamente, y la falta de leyes de discriminación positiva no fuerzan la entrada de las mujeres. Este tipo de trampas se vuelven viciosas y retrasan la participación activa de la población femenina en los asuntos públicos.

Por su parte, Parker Gumucio también advertía del poder de la Iglesia, la cual, a pesar de su decreciente presencia, sigue siendo la creencia mayoritaria y en gran parte de los países todavía goza de un estatuto (tácito, no legal) de privilegios. También concluye que, entre otros factores, incide en este proceso la liberalización de la cultura: menor censura, mayor tolerancia, leyes de divorcio, mayor presencia del feminismo, entre otros, que han posibilitado la mayor aceptación de mensajes, creencias y rituales heterodoxos y una cierta desconfianza hacia las instituciones eclesiásticas, lo que ha incrementado las «creencias a mi manera». El debilitamiento de la hegemonía de la Iglesia Católica entonces se consuma, y el feminismo contribuye también a desarticularla. No obstante, el feminismo no debe obviar tampoco el hecho de que el catolicismo es imperante todavía en grandes capas de la sociedad, donde se incluyen las mujeres católicas que pueden rechazar las novedades propuestas, si bien no siempre como se podrá ver con el siguiente caso.

Marta Lamas entiende que, aunque el conjunto de las estrategias impulsadas por las feministas en ámbitos variados ha permitido el avance de la lucha regional, una clave de la resistencia gubernamental se encuentra en las creencias religiosas de parlamentarios y jueces. Para enfrentarlas ha sido crucial la labor de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización ciudadana, que se creó en Uruguay desde 1989 y que en principio contó con oficinas en Brasil, México, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile, discrepa de los planteamientos del Vaticano relativos al lugar de las mujeres en la Iglesia y rechaza sus prohibiciones en materia de sexualidad, reproducción y aborto. Su visión ha sido fundamental en la estrategia latinoamericana, sobre todo de cara a las mujeres de sectores populares, pues pese a que es precisamente ese sector el que más padece las consecuencias de la penalización del aborto, rara vez asume la demanda justamente porque el peso cultural de la Iglesia católica sigue siendo muy fuerte.

portada Detalle de una participante en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, Argentina de este año. Foto: La Voz de Misiones

Por tanto, ¿cómo podríamos sintetizar las relaciones entre Iglesia y mujer? Por un lado, tenemos que, tal y como lo ilustran Parker Gumucio y las evidencias actuales, la presencia de la Iglesia católica entre los latinoamericanos es menor en términos generales. Por otro lado, el feminismo es un movimiento progresivamente más respaldado, una vez tumbadas las resistencias mentales y culturales. Y en medio, un constante conflicto entre ambos contendientes en materia de derechos sexuales y civiles de la mujer: ninguno de los dos, aparte del Estado, pretende dejar al otro el control y conducción de dichos derechos (recordemos: divorcio, educación sexual, anticonceptivos y, especialmente, aborto, entre otros). De manera que esta demanda de derechos sociales por parte del feminismo tiene, por supuesto, unos orígenes. Alan Knight establecía que la búsqueda de ese tipo de derechos era a veces relegada a un segundo plano en el caso de que la democracia no estuviese establecida, es decir, cuando la población se encontraba bajo un régimen autoritario u oligárquico, los esfuerzos se centraban primero en exigir una plena democracia. Y sólo cuando ésta era obtenida las voces del cambio comenzaban a diversificar sus objetivos. Por su parte, Marta Lamas lo confirma, pero sólo parcialmente, puesto que el feminismo se ha desarrollado en América Latina al abrigo de una vida política muy fértil y en ocasiones muy polarizada, de tal manera que, de un lado estaban las mujeres que se radicalizaron en las luchas armadas de sus países: montoneras, tupamaras, sandinistas e integrantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), M19, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), etcétera, mas como militantes revolucionarias, estas mujeres con frecuencia relegaron sus necesidades e intereses de género. Y del otro se hallaban las que formaron movimientos de derechos humanos, como los de madres de desaparecidos, surgidos a la sombra de las dictaduras militares que gobernaron a más de la mitad de los países de la región. Así que, como vemos, estas demandas se produjeron aún sin una plena democracia y bajo la represión estatal.

En medio de ambas, las feministas han generado una lucha política a partir de tres demandas: la maternidad voluntaria (que implica el derecho a la educación sexual, al uso de anticonceptivos y al acceso legal al aborto voluntario); el alto a la violencia sexual y el respeto a la libre opción sexual. Con estas demandas, convertidas en los ejes principales del activismo, los grupos feministas han construido su presencia en el espacio público. Así, hoy en día la existencia de una heterogénea multitud de grupos feministas es una realidad en todo el continente, aunque se topen con fuertes resistencias al cambio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

PARKER GUMICIO, Cristián, «¿América Latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso creciente», América Latina Hoy, nº 41, 2005, pp. 35-56

MOLYNEUX, Maxine, Movimientos de mujeres en América Latina: estudio teórico comparado, Valencia, Cátedra, cap. 2, pp. 61-113

JARAMILLO, Isabel C., «La Iglesia Católica, el sexo y la sexualidad en América Latina: más allá de la distinción público/privado», SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) Papers. Paper 72. 2009.

LAMAS, Marta, «Género, desarrollo y feminismo en América Latina», Pensamiento Iberoamericano, nº 0, 2007, pp. 133-152

LEMAITRE RIPOLL, Julieta, «Anticlericales de nuevo. La Iglesia católica como un actor político ilegítimo en materia de sexualidad y reproducción en América Latina», SELA papers. Buenos Aires, 2010, pp. 286-304

KNIGHT, Alan, «Las tradiciones democráticas y revolucionarias en América Latina», Bicentenario, Revista de Historia de Chile y América, Vol. 2, nº 1, Santiago de Chile, 2003, pp. 5-53

VIANO, Cristina, «Voces (des-encontradas) en los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina», Páginas, Revista digital de la Escuela de Historia, año 6 – nº 11, Rosario, 2014, pp. 49-68.